La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario obliga a los agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan de prevención y a promover convenios de donación de sus excedentes. Pero no todas las empresas del sector están obligadas: la ley excluye a las microempresas y a los establecimientos de menor tamaño.
En esta guía repasamos los criterios tal como los recoge la ley. Si prefieres una respuesta directa para tu caso, usa el comprobador gratuito.
Qué exige la ley
El artículo 6.4 establece dos obligaciones principales:
- Disponer de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contemple cómo se aplicará la jerarquía de prioridades del artículo 5 (prevenir, donar, alimentación animal y, en último lugar, reciclar o valorizar).
- Promover acuerdos o convenios para donar los excedentes a entidades de iniciativa social, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, salvo que resulte inviable y quede justificado.
Estas obligaciones son exigibles desde el 2 de abril de 2026 (disposición final vigésima).
A quién se aplica
La ley se aplica a los agentes de la cadena alimentaria (arts. 2 y 3.a): producción primaria, industria de elaboración y transformación, distribución, comercio minorista, hostelería y restauración, y otros proveedores de servicios alimentarios como comedores de centros sanitarios, educativos o residencias (art. 3.e). También a las entidades que distribuyen alimentos donados y a las administraciones públicas.
A partir de ahí, hay tres filtros que dejan fuera a muchas empresas.
Primer filtro: las microempresas
Las microempresas quedan excluidas de todas las obligaciones del artículo 6 (art. 6.6). La ley considera microempresa a la que ocupa a menos de 10 personas y tiene un volumen de negocio anual o un balance general anual de hasta 2 millones de euros (art. 3.f).
Basta con que se cumpla uno de los dos importes: una empresa de 8 personas que factura 3 millones pero tiene un balance de 1,5 millones sigue siendo microempresa.
Segundo filtro: la excepción de los 1.300 m²
Es el criterio que más dudas genera. El artículo 6.4.c exceptúa del plan y de los convenios a las actividades de transformación, comercio minorista, distribución, hostelería o restauración desarrolladas en establecimientos de hasta 1.300 m². La superficie se cuenta de forma distinta según el tipo de empresa:
| Tipo de empresa | Superficie que se tiene en cuenta |
|---|---|
| Sin venta al público (fábricas, almacenes, cocinas centrales) | La superficie del establecimiento |
| Con venta al público (tiendas, supermercados, restaurantes) | La superficie útil de exposición y venta al público |
Y hay un matiz decisivo: quedan obligados, con independencia de su superficie, los establecimientos que operen bajo un mismo NIF y que en conjunto superen los 1.300 m². Un grupo de restaurantes pequeños con un único NIF puede estar obligado aunque ningún local llegue a esa cifra.
Algunos ejemplos orientativos:
| Caso | ¿Obligado al plan? |
|---|---|
| Panadería con 6 personas y 1,2 M€ de facturación | No: es microempresa |
| Restaurante con 25 personas y 300 m² de sala | No: no supera los 1.300 m² |
| Grupo con 6 restaurantes y un solo NIF que suman 1.600 m² de sala | Sí: la suma supera los 1.300 m² |
| Fábrica de conservas con 40 personas y una nave de 2.500 m² | Sí |
Tercer filtro: las pequeñas explotaciones agrarias
Las pequeñas explotaciones agrarias, definidas según la Recomendación europea 2003/361/CE (menos de 50 personas y hasta 10 millones de euros de facturación o balance), quedan excluidas de toda la ley (art. 6.7). La excepción de los 1.300 m² no se aplica a la producción primaria: una explotación que no sea pequeña está obligada con independencia de su superficie.
Lo que sigue siendo obligatorio aunque no tengas que hacer el plan
Quedar fuera del plan no significa quedar fuera de la ley:
- Las empresas que no son microempresas deben aplicar la jerarquía de prioridades a sus excedentes, aplicar las medidas del artículo 19 de la Ley 7/2022 (especialmente las de donación), no incluir en sus contratos cláusulas que impidan donar y no dejar alimentos en condiciones no aptas para su consumo o aprovechamiento (art. 6, apartados 1, 2, 3 y 5).
- Toda la hostelería, sea cual sea su tamaño, debe permitir que el cliente se lleve sin coste adicional lo que no haya consumido (salvo en bufés libres) e informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta (art. 8).
Si tu empresa está en Cataluña
Cataluña tiene su propia ley, la Ley 3/2020, que no contempla la excepción de los 1.300 m²: allí están obligadas las empresas alimentarias y de hostelería que no son microempresas, y además deben medir e informar anualmente de sus pérdidas y desperdicio. Lo explicamos en la guía sobre la ley de desperdicio alimentario en Cataluña.
Plazos y sanciones
- Desde el 2 de abril de 2026 son exigibles el plan y los convenios.
- No contar con el plan estando obligado es una infracción grave (art. 20.2.b), sancionable con multa de 2.001 a 60.000 euros (art. 21).
- Las infracciones leves, como no aplicar la jerarquía de prioridades sin justificarlo, se sancionan con apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros, y la reiteración de infracciones graves puede llegar a 500.000 euros.
- El régimen sancionador lo desarrollan y aplican las comunidades autónomas, que pueden elevar estos importes.
Cómo saber si tu empresa está obligada
El comprobador gratuito de DATARSIA aplica estos criterios a tu caso con seis preguntas y te indica qué obligaciones te afectan, con el artículo correspondiente. Si estás obligado, puedes solicitar un plan de prevención adaptado a tu empresa.