¿Tu empresa necesita un canal de denuncias?

Las empresas y los empresarios individuales con 50 o más personas trabajadoras contratadas; las empresas de sectores con normativa europea propia (servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad del transporte y medio ambiente), sea cual sea su tamaño; y los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones si reciben o gestionan fondos públicos (art. 10 de la Ley 2/2023). En el sector público están obligadas todas las entidades.

No disponer de un Sistema interno de información en los términos de la ley es una infracción muy grave, con multa de 600.001 € a 1.000.000 € para la empresa (arts. 63.1.g y 65.1.b). Además, la Autoridad puede acordar la amonestación pública y la prohibición de recibir subvenciones o de contratar con el sector público.

El canal puede ser un correo específico, siempre que forme parte de un sistema completo: un Responsable del Sistema nombrado y comunicado a la autoridad, una política y un procedimiento aprobados, la posibilidad de comunicar por escrito y de palabra (también en una reunión presencial), de forma anónima, con garantías de confidencialidad, y la información publicada en la página de inicio de la web.

Sí. Los canales internos deben permitir la presentación y la tramitación de comunicaciones anónimas (art. 7.3 de la Ley 2/2023).

A la Autoridad Independiente de Protección del Informante si la empresa tiene establecimientos en más de una comunidad autónoma o si su comunidad no tiene autoridad propia con competencias en el sector privado; si la tiene, a la autoridad autonómica. El plazo es de 10 días hábiles desde el nombramiento o el cese (art. 8.3).

No. Son obligaciones distintas: el protocolo de acoso lo necesitan todas las empresas con trabajadores. El canal puede recibir también las quejas de acoso, que se tramitarán conforme al protocolo.